EL PARTIDO ANDALUCISTA SE SOLIDERALIZA CON LA FAMILIA A LA QUE HAN DEMOLIDO LA VIVIENDA

El portavoz del Partido Andalucista, Antonio Prats se ha querido solidarizar con la familia a la que han tirado la casa como consecuencia de una sentencia judicial.

Los andalucistas consideran que la justicia debería de haber tenido en cuenta la situación de esta familia, que con la demolición de su vivienda se queda en la calle.

Prats respeta esta decisión, pero no la comparte ya que tanto en Sanlúcar como en toda Andalucía existen miles de viviendas que se han construido sin la preceptiva licencia municipal y en concreto en nuestra ciudad existen más de 5.000 viviendas irregulares en la misma situación de ilegalidad, en concreto  en esta misma calle existe un número importante de ellas.

Los andalucistas consideran, que desde el respeto que nos merece la sentencia y la justicia, los sanluqueños se preguntan ¿como en el mimo sitio donde se ha demolido esta vivienda existen otras que no se demuelen, al igual que en otros lugares de Sanlúcar.?

Prats ha advertido que no es la única causa que está inmersa en un proceso judicial pendiente de ejecutar la sentencia ya que son otras familias las que viven en esta situación.

Es por ello que el ayuntamiento de Sanlúcar debe de buscar soluciones para que no ocurran estos hechos que han sido noticia en muchos medios de comunicación provincial y nacional.

Desde el PA creemos que la única solución para evitar esas situaciones tan desagradables es hacer un nuevo Plan General, que venimos pidiendo desde el año 2007, donde se aprobó una propuesta, que tanto el PSOE como el CIS paralizaron, no sabemos el por qué.

Este nuevo Plan General, solucionaría el problema de muchas familias que se han construido su vivienda de forma irregular y que con la aprobación del decreto y las ordenanzas del ayuntamiento para dar servicios y su legalización desde el punto de vista jurídico no se soluciona, aunque se da un paso importante para arreglar algunos problemas que tienen muchas familias.

Prats ha exigido a la alcaldesa que negocie con la Junta un nuevo Plan General ya que el actual es inviable y está caduco ya que su aprobación es del año 1997 y se debería de modificar ya que muchas propuesta no tienen sentido después de 16 años.